En un sorpresivo movimiento, este lunes se conoció el pedido de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por parte del gobierno de EE.UU.
Dicho requerimiento debe ahora ser estudiado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que decidirá si ordena o no un «arresto provisional» y habilita a proceder con la extradición.
Washington señala a Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, por delitos asociados al narcotráfico.
Y aunque el pedido de extradición estadounidense sorprendió tanto al gobierno local como a los propios hondureños, lo cierto es que los señalamientos y sospechas sobre el exmandatario llevan varios años flotando en el ambiente.
En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.
Y tras deliberaciones y procesos en tribunales, en marzo de 2021 fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia EE.UU.
Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente. Sin embargo, Hernández ha rechazado estos señalamientos en el pasado y ha asegurado que durante su gobierno se dedicó a combatir el negocio ilegal de drogas.
Este lunes, el propio Hernández señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que se ponía a disposición de las autoridades.
«Mis representantes han recibido el mensaje para que sea llevado a las autoridades de que estoy presto para colaborar y llegar voluntariamente en el momento en que el juez que designe la honorable Corte Suprema de Justicia», dijo.
Y agregó: «Y de este modo poder enfrentar esta situación y defenderme».
Tras conocerse el pedido de extradición estadounidense, medios locales informaron que decenas de efectivos de la policía rodearon la residencia de Hernández en Tegucigalpa.
El abogado del expresidente, Hermes Ramírez, dijo que el despliegue policial constituía un «ataque» a los derechos de su defendido, ya que habían impedido el ingreso de los asesores a la residencia.
Ramírez agregó que no se había entregado ninguna orden de arresto contra Hernández.
Pero, ¿de qué acusan realmente a Hernández y por qué EE.UU. lo está pidiendo en extradición?
Los cargos
En la nota enviada por la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa al gobierno hondureño, se específica la razón por la que se hace la petición de extradición: «Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego».
Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, las cosas comenzaron a complicarse una vez dejó el cargo de presidente, el pasado 27 de enero.
Apenas días después, el 9 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció que a Hernández se le retiraría su visa para ingresar al país por «comportamientos antidemocráticos y actos de corrupción».
«Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas», escribió Blinken en su cuenta de Twitter.
Hace una semana, el mismo Blinken indicó en un comunicado que, de acuerdo con «reportes creíbles de prensa» e investigaciones locales, Hernández «se había involucrado para cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar los ingresos de actividades ilícitas para apoyar campañas políticas».
Estas acusaciones se referían a los señalamientos que algunos narcotraficantes habían aportado ante distintos tribunales estadounidenses, donde habrían confesado pagos ilícitos al círculo más cercano de Hernández para poder traficar la droga por territorio hondureño.
A esto se sumó el juicio contra su hermano Juan Antonio, más conocido como Tony Hernández -y quien era diputado nacional cuando fue capturado-, en marzo pasado.
Durante ese juicio se puso en evidencia cómo los grupos de narcotráfico habían infiltrado casi todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial pasando por la fuerza pública hasta llegar al poder Ejecutivo.
De hecho, los propios fiscales del caso señalaron directamente a Juan Orlando Hernández, acusándolo de «facilitar el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad» para los narcotraficantes.
Otro de los casos que salpicó a Hernández, y que finalmente disparó el proceso contra el exmandatario, fue el de Geovanny Fuentes Ramírez, también juzgado por un tribunal de Nueva York y hallado culpable a principios de febrero de este año.
Fuentes fue condenado a cadena perpetua por el tráfico de cinco toneladas de cocaína y a otros 30 años de cárcel por el porte ilegal de armas, al considerar que protegía su mercancía con el uso de ametralladoras.
Durante el procedimiento judicial en contra de Fuentes Ramírez se indicó, a través de varios testimonios, que uno de sus socios sería Juan Orlando Hernández.
Uno de los testigos de este caso indicó que escuchó a Hernández decir que quería meter drogas «en las narices de los gringos» inundando Estados Unidos con cocaína.
Inmunidad
Por su parte, el abogado de Hernández dijo este lunes que en Honduras no existían acusaciones en contra del exmandatario y mucho menos una orden de arresto.
Además, esgrimió que Hernández tenía inmunidad diplomática por pertenecer al Parlamento Centroamericano, o Parlacen, con sede en Guatemala.
Hernández juramentó como miembro del Parlacen una vez entregó su mandato a su sucesora, Xiomara Castro, el pasado 27 de enero.
Aunque es cierto que el Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, esa protección puede ser cancelada o suspendida si así lo solicita el país de origen de la persona en cuestión.
Por el momento solo se sabe que la Corte Suprema de Justicia hondureña se reunirá en la tarde del martes para tomar una decisión sobre la solicitud de EE.UU.
Además, al conocerse la noticia, decenas de personas se hicieron presentes frente a la residencia de Hernández para celebrar la decisión tomada por el gobierno estadounidense.
Sin embargo, altos funcionarios de la actual administración -que es opositora a Hernández- le dijeron al diario The Washington Post que el expresidente podría estar moviendo sus influencias dentro del órgano judicial para evitar la extradición.
«Los jueces de la corte son personas designadas por Hernández, por lo que es difícil saber qué tipo de decisión van a tomar», señaló uno de ellos.
