La organización Francisco Morazán, compuesta por migrantes hondureños en Estados Unidos, ha expresado una fuerte condena al nombramiento del nuevo fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, al que consideran un proceso «fuera de la ley» y diseñado «a espaldas del pueblo». Según Orlando López, presidente de la organización hondureña, «Un fiscal general se nombra a través del Congreso, no con nueve diputados y sin contar con los más de 100 que quedaron fuera».
Fundada en 1996 y reconocida por su papel en la promoción del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los hondureños afectados por el devastador huracán Mitch, la organización se reunió con líderes comunitarios hondureños en Estados Unidos para denunciar el nuevo nombramiento.
Orlando López también expresó su preocupación por la acción del fiscal y señaló que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está aislada de Estados Unidos, donde reside una población de más de un millón de hondureños. López anticipó la posibilidad de una emigración masiva hacia Estados Unidos debido a la falta de estabilidad en Honduras, lo que, según él, ha disuadido a los empresarios de invertir en el país.
El nombramiento de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina, fue realizado por la Comisión Permanente del Parlamento hondureño y fue desconocido por varios grupos de oposición en el país.
Orlando López también expresó su preocupación por la dirección política del Gobierno de Honduras, que considera inclinada hacia el socialismo y vinculada a gobiernos como los de Venezuela y Cuba. López afirmó que este cambio de rumbo es liderado por una familia, en referencia a Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.
López aclaró que el derrocamiento de Manuel Zelaya en junio de 2009 no fue un golpe de estado, sino que se cumplieron órdenes del poder Legislativo. Además, reiteró que el nombramiento del fiscal general Johel Zelaya se llevó a cabo de manera ilegal, según su opinión.
En Estados Unidos, más de un millón de hondureños residen, en su mayoría de manera irregular, una situación que preocupa a la organización Francisco Morazán, que trabaja en defensa de los hondureños emigrados a este país.
Honduras recibió un TPS en enero de 1999 debido al huracán Mitch, que devastó Centroamérica un año antes. Aunque el programa fue cancelado en 2017 por el entonces presidente Donald Trump, la Corte Suprema estadounidense lo renovó por cinco años más, permitiendo que los hondureños bajo TPS continuaran su estancia y trabajo en Estados Unidos.
El TPS es un programa que otorga y renueva periódicamente el permiso para la estancia y el trabajo de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o la violencia.
