La Sala Constitucional ha recibido dos impugnaciones relacionadas con la designación del fiscal interino, lo que ha generado incertidumbre sobre la ratificación de Johel Zelaya como fiscal general interino en Honduras. Una de las impugnaciones es un recurso de amparo, mientras que la otra es un recurso de inconstitucionalidad.
La ratificación del interinato de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente, está actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia después de que se presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
El recurso de amparo fue presentado por los abogados German Licona y Fernando Gonzales, quienes formaron el Frente Democrático por la Defensa de la Constitución. Estos profesionales buscan revertir el proceso llevado a cabo por la comisión permanente del Congreso Nacional (CN) en relación con la designación de los fiscales.
Se ha informado que otro recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el abogado Leonel Núñez. La decisión de admitir o rechazar el recurso presentado por el Frente Democrático por la Defensa de la Constitución recae en la Sala Constitucional y, en caso de ser admitido, será resuelto por cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos afiliados a Libertad y Refundación (Libre), dos al Partido Nacional (PN), y uno al Partido Liberal (PL).
Es importante destacar que la Sala Constitucional está presidida por Sonia Dubón, quien es esposa del asesor de gobierno, Enrique Flores Lanza.
Fernando Gonzales explicó los fundamentos del recurso y la resolución que buscan obtener de la Sala Constitucional o del Pleno de Magistrados de la Corte en caso de que el caso avance a una segunda instancia. El recurso se basa en la alegación de que la resolución que respalda el nombramiento del fiscal general y adjunto, publicada en La Gaceta, supuestamente viola el artículo 208, numeral 11, ya que, según los abogados, el Ministerio Público no estaba acéfalo, pues había un fiscal «pro tempore» en funciones hasta que se eligieran a las nuevas autoridades.
Gonzales también expresó su opinión de que el partido Libre actuó de manera incorrecta en el Congreso y no consideró las consecuencias a largo plazo. A pesar de la renuncia de Daniel Sibrián, quien se desempeñaba como fiscal interino en ausencia de Óscar Chinchilla, la directiva del Congreso no tramitó su renuncia, lo que generó un problema legal.
Hasta el momento, no se ha establecido una duración específica para el interinato de Johel Zelaya y Marcio Cabañas, lo que ha llevado a especulaciones sobre su permanencia en el cargo con solo nueve votos, en lugar de los 86 votos requeridos por la Constitución de la República.
Johel Zelaya, el fiscal interino designado, brindó su primera conferencia de prensa y afirmó que no protegerá a nadie y que los requerimientos tendrán el mismo impacto legal para todos los involucrados. Negó la idea de llevar a cabo persecuciones selectivas y enfatizó su compromiso de perseguir el delito en cualquier lugar que se encuentre.
La presencia policial en las instalaciones del Ministerio Público se ha mantenido, y Johel Zelaya ha comenzado sus labores como fiscal interino del Ministerio Público, reuniéndose con diversas fiscalías y abordando los asuntos heredados de su predecesor, Óscar Fernando Chinchilla.
