En los últimos días, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, ha estado en el centro de la controversia debido a su manejo de la renuncia presentada por el Ingeniero Salvador Nasralla al cargo de Designado Presidencial. El debate se ha centrado en si Redondo está cometiendo un delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. En este artículo, examinaremos los aspectos legales y constitucionales relacionados con este caso.
El Acto de Admitir o Rechazar la Renuncia
Según el Dr. Israel Romero Puerto, el acto de admitir o rechazar la renuncia de un funcionario público es potestad del pleno del Congreso Nacional, y no es facultad de Redondo. La Constitución de la República también contempla este proceso, estableciendo que el Congreso Nacional puede admitir o rechazar las renuncias. Por lo tanto, Redondo está cometiendo un delito al no aprobar la renuncia de Nasralla.
El Delito de Abuso de Autoridad
El Código Penal de Honduras (Artículo 499) define el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Según este artículo, comete este delito quien:
- Se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. En este caso, Redondo está negándose a aprobar la renuncia de Nasralla, que es una decisión legítima del funcionario.
- Indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier otro acto propio de las funciones que desempeña. Al rechazar la renuncia de Nasralla, Redondo está incumpliendo sus deberes como presidente del Congreso Nacional.
La Constitución y la Renuncia de Nasralla
La Constitución de la República también establece que el Congreso Nacional puede admitir o rechazar las renuncias. Por lo tanto, Redondo está violando la Constitución al no someter a votación del pleno del Congreso Nacional la renuncia del Ingeniero Salvador Nasralla.
Conclusiones
En resumen, Luis Redondo está cometiendo un delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios al no aprobar la renuncia de Nasralla. Este caso plantea importantes cuestionamientos sobre el ejercicio de poder y la responsabilidad de los funcionarios públicos en Honduras.
