La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Honduras es una fuente constante de frustración y enojo para la población. La incapacidad de esta institución para proveer un servicio de energía confiable y continuo, especialmente durante períodos de calor extremo, ha llevado a muchos hondureños a niveles intolerables de descontento. La realidad es que los cortes de energía prolongados y frecuentes no solo causan incomodidad y dificultades diarias, sino que también resultan en pérdidas económicas y un impacto negativo en la calidad de vida.
Uno de los aspectos más indignantes de esta situación es la disparidad en los recibos de energía. A pesar de los prolongados apagones, muchos hondureños han recibido facturas con montos superiores a los de meses anteriores en los que sí contaban con un suministro eléctrico más constante. Esta situación plantea preguntas graves sobre la transparencia y la honestidad de la ENEE en su gestión de la facturación. ¿Cómo es posible que se facturen cantidades mayores en períodos de consumo aparentemente reducido? Este enigma solo puede llevar a la conclusión de que hay un mal manejo intencional o una corrupción sistemática dentro de la empresa.
La ENEE, al ser una institución gubernamental, tiene una responsabilidad directa con el pueblo hondureño. Sin embargo, la percepción general es que, lejos de cumplir con su deber de proporcionar un servicio esencial, la empresa se ha convertido en una herramienta para el abuso y el robo institucionalizado. Este sentimiento se agrava con la percepción de que las autoridades, incluida la presidenta Xiomara Castro, buscan retomar el control de la empresa estatal con intenciones cuestionables. La nacionalización o la intervención directa del gobierno en la ENEE, bajo el pretexto de mejorar el servicio, se ve como una excusa para apropiarse de los fondos y perpetuar la corrupción en lugar de resolver los problemas estructurales de la empresa.
La desconfianza y la indignación del pueblo son comprensibles. Los hondureños no solo enfrentan los inconvenientes diarios de los apagones, sino que también sienten que están siendo estafados sistemáticamente. Esta situación es una clara demostración de la necesidad de una reforma profunda y transparente en la gestión de la ENEE. Es imperativo que se realicen auditorías independientes, se implementen sistemas de facturación justos y se garantice un suministro de energía confiable.
En resumen, la situación actual de la ENEE refleja una crisis de confianza y eficiencia que afecta a todos los niveles de la sociedad hondureña. La población merece un servicio de energía eléctrica que sea confiable y justo, y es responsabilidad del gobierno y de la ENEE asegurar que esta necesidad básica sea satisfecha sin explotación ni abuso. La lucha por un servicio eléctrico justo es, en última instancia, una lucha por la dignidad y el respeto de todos los hondureños.
