En un anuncio que ha captado la atención internacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su intención de reconsiderar la permanencia de las bases militares de Estados Unidos en el país. Este pronunciamiento surge como una respuesta directa a las posibles deportaciones masivas de migrantes hondureños que podrían llevarse a cabo bajo la nueva administración estadounidense.
Castro destacó que, durante décadas, Honduras ha permitido la operación de estas bases sin costo alguno para Estados Unidos, pero dejó claro que esta situación no es inmutable. En un tono firme, la mandataria señaló que, de confirmarse las medidas hostiles contra los migrantes hondureños, su gobierno evaluará el propósito y la justificación de mantener dichas instalaciones en territorio hondureño.
El principal foco de atención recae en la Base Aérea Soto Cano, ubicada en Palmerola, Comayagua. Esta instalación militar, construida en 1982, alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por cientos de militares estadounidenses. Desde su creación, la base ha sido un símbolo de la cooperación militar entre ambos países, pero también ha sido objeto de debate por su impacto político y social en Honduras.
La presidenta enfatizó que, ante cualquier acto que atente contra los derechos de los migrantes hondureños, su gobierno tomará medidas que reflejen una postura soberana y de defensa de los intereses nacionales. Esta declaración subraya un cambio en la relación histórica entre Honduras y Estados Unidos, marcando un posible alejamiento de las políticas que, por décadas, han favorecido la influencia estadounidense en la región.
El tema de los migrantes hondureños ha sido recurrente en la agenda política de Castro, quien ha abogado por la protección de los derechos de las comunidades que buscan mejores oportunidades fuera del país. Las remesas enviadas por los migrantes representan una parte significativa de la economía hondureña, y cualquier cambio drástico en la política migratoria estadounidense podría tener consecuencias graves para las familias que dependen de estos ingresos.
Este anuncio también refleja el compromiso del gobierno de Castro por reafirmar la soberanía de Honduras y actuar en defensa de sus ciudadanos, tanto dentro como fuera del país. La posible retirada de las bases militares de Estados Unidos simboliza un giro en las relaciones bilaterales, que podría reconfigurar el panorama político y militar en la región.
Aunque no se han anunciado decisiones definitivas, el mensaje de Xiomara Castro marca un punto de inflexión en la política exterior de Honduras. Con este anuncio, la presidenta ha dejado claro que su gobierno no tolerará acciones que perjudiquen a su pueblo y que está dispuesto a tomar medidas contundentes para proteger los intereses nacionales.