El reciente arresto del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, junto a los exmilitares Venancio Cervantes y Carlos Puerto, ha desatado un intenso debate en Honduras sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta acción judicial. Las acusaciones están relacionadas con un incidente ocurrido el 5 de julio de 2009, en el cual manifestantes resultaron heridos y un joven, Isy Obed Murillo, perdió la vida durante una protesta frente al aeropuerto Toncontín. Sin embargo, el trasfondo político del caso, sumado a la polarización que aún persiste en el país desde el golpe de Estado de ese año, ha generado sospechas de que este proceso no solo busca justicia, sino también servir como una herramienta de venganza política.
¿Justicia o persecución política?
Romeo Vásquez Velásquez desempeñó un papel crucial en el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria, Xiomara Castro. Desde ese momento, Vásquez se convirtió en una figura polarizadora. Para algunos, es un símbolo de resistencia contra lo que consideraban una deriva autoritaria de Zelaya, mientras que para otros, es el rostro de una violación a la democracia que llevó al país a años de crisis política.
Con la llegada al poder del Partido Libre, fundado por Manuel Zelaya y encabezado por Xiomara Castro, muchos vieron un giro en el manejo del sistema judicial. Si bien se argumenta que el gobierno de Castro ha impulsado investigaciones para resolver crímenes del pasado, sectores críticos ven esto como una cacería política. La detención de Romeo Vásquez podría ser interpretada como un mensaje claro: el golpe de Estado de 2009 no será olvidado, y quienes participaron deberán rendir cuentas. Sin embargo, surge la duda de si estas acciones están motivadas por el deseo de justicia o por la búsqueda de una revancha histórica.
Los temores dentro del Partido Libre
Curiosamente, aunque el arresto podría parecer una victoria para el Partido Libre, también podría generar inquietud entre sus filas. La narrativa oficial del gobierno ha estado bajo constante escrutinio, especialmente por las acusaciones de nepotismo, corrupción y autoritarismo. La posibilidad de que el caso de Romeo Vásquez reavive los recuerdos del golpe de Estado también podría exponer las vulnerabilidades del Partido Libre, particularmente aquellas relacionadas con las controversias actuales que enfrenta la administración de Xiomara Castro.
Por ejemplo, la oposición podría utilizar este caso para recordar los errores políticos de Manuel Zelaya antes de su destitución, como sus intentos de convocar una Asamblea Constituyente, que muchos consideraron una amenaza a la institucionalidad democrática. Asimismo, este tipo de acciones judiciales podrían ser percibidas por sectores independientes como un uso politizado del sistema judicial para resolver rencillas del pasado, en lugar de centrarse en los problemas urgentes del país, como el desempleo, la inseguridad y la migración.
¿Un precedente peligroso?
Más allá de las implicaciones políticas, el caso de Romeo Vásquez plantea preguntas importantes sobre el uso de la justicia en Honduras. ¿Es realmente este un esfuerzo genuino para resolver crímenes del pasado, o es una muestra de cómo el sistema judicial puede ser manipulado para saldar cuentas políticas? La respuesta a esta pregunta será crucial no solo para el futuro de Vásquez, sino también para la estabilidad democrática del país.
El golpe de Estado de 2009 sigue siendo una herida abierta en Honduras, y el arresto de Romeo Vásquez revive tensiones que nunca se resolvieron completamente. Si bien algunos celebran esta acción como un paso hacia la rendición de cuentas, otros ven en ella el espectro de un gobierno que podría estar utilizando su poder para castigar a sus adversarios históricos.
El tiempo dirá si este caso se desarrolla bajo los principios de justicia imparcial o si se convierte en otro capítulo de la polarización política que ha marcado a Honduras durante más de una década. Por ahora, lo único claro es que el arresto de Romeo Vásquez es mucho más que un caso judicial: es un recordatorio de que las heridas políticas del pasado aún están lejos de sanar.
