Honduras. En medio de incertidumbre, versiones cruzadas y cientos de hondureños afectados, el caso de Koriun Inversiones continúa siendo uno de los más controversiales del año. Aunque algunos voceros afirman que «no se encontró nada ilícito», las investigaciones oficiales cuentan una historia distinta.
El origen del escándalo
Koriun Inversiones se presentó al mercado como una plataforma de inversión innovadora, ofreciendo ganancias extraordinarias a corto plazo. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inició una investigación tras recibir múltiples denuncias por estafa, lo que derivó en allanamientos a varias propiedades vinculadas a los representantes de la empresa.
Los hallazgos de las autoridades
Durante los operativos, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, escondidas en cajas y compartimentos especiales. Esto levantó aún más sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
El informe oficial indica que Koriun no contaba con los permisos necesarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ni estaba registrada como una entidad financiera legalmente habilitada para captar dinero del público, tal como lo exige la ley hondureña.
¿Esquema Ponzi?
El Ministerio Público señaló que las operaciones de Koriun encajan dentro de un esquema Ponzi, una modalidad fraudulenta donde las ganancias de los inversionistas antiguos se pagan con el dinero de los nuevos, sin una verdadera generación de valor. Este modelo es insostenible y eventualmente colapsa, dejando pérdidas millonarias.
La versión de la empresa
Iván Velásquez, gerente administrativo de Koriun, se pronunció en medios y redes sociales asegurando que la empresa “es legal” y que cuentan con documentación en regla. No obstante, sus declaraciones contrastan con las acciones legales en curso y los datos aportados por las autoridades.
Devolución de fondos
Una de las decisiones más relevantes en este proceso fue la orden de iniciar la devolución progresiva del dinero a los inversionistas afectados, dando prioridad a quienes realizaron aportes menores. Esta acción, aunque aún en etapa preliminar, busca mitigar el impacto económico para los ciudadanos que confiaron en la promesa de rendimientos fáciles.
Conclusión
El caso de Koriun es un recordatorio doloroso sobre la importancia de verificar la legalidad y respaldo de cualquier empresa antes de invertir. Mientras algunos insisten en que “no se encontró nada ilícito”, las investigaciones y pruebas reveladas hasta el momento muestran una estructura opaca, no regulada y, según el Ministerio Público, potencialmente fraudulenta.
La historia aún está en desarrollo, y el país observa con atención cada nuevo capítulo. ¿Justicia o confusión? El tiempo lo dirá.
