El Gobierno propone devolver fondos perdidos en una estafa privada… usando dinero del Estado. ¿Y los maestros, médicos y enfermeras que siguen esperando pagos?
Editorial | Tegucigalpa, Honduras
El caso Koriun ha sacudido los cimientos de la confianza financiera en Honduras, pero no precisamente por el fraude en sí —que ya de por sí es escandaloso—, sino por la propuesta aún más alarmante: que el Gobierno de la República devuelva el dinero a los afectados… con recursos del Estado.
¿Dónde quedó el límite entre lo público y lo privado? Koriun fue, es y seguirá siendo una empresa privada, que funcionó bajo un modelo claramente fraudulento, visible para cualquiera que aplicara el más mínimo criterio. Un sistema de inversión con promesas irreales, altas ganancias en corto plazo, sin respaldo financiero sólido. Un esquema que, en cualquier manual financiero serio, es una alerta roja inmediata.
Entonces, ¿por qué ahora el Estado pretende asumir el rol de redentor? ¿Por qué cargarle esta factura a un pueblo que ya sufre atrasos salariales, falta de medicinas en hospitales y carencia de oportunidades reales?
Maestros, médicos, enfermeras, policías y trabajadores públicos aún no reciben pagos pendientes. Muchos viven con lo justo, sacrificando sus propios recursos por el bien común, esperando que el Estado cumpla. Pero ahora, mágicamente, hay fondos para «salvar» a quienes apostaron a la codicia disfrazada de oportunidad. ¿Dónde está la justicia?
Recordemos algo fundamental:
El Estado no produce dinero.
Vive de los impuestos del pueblo, de la productividad del ciudadano honesto que trabaja cada día. Lo que hoy se propone es tomar esos recursos —que deberían ir a educación, salud, seguridad y desarrollo— para rescatar a personas que, con o sin conciencia, apostaron en un sistema que no tenía futuro.
Esto no es solidaridad. Esto es una burla.
Esto no es justicia. Esto es una distorsión peligrosa del deber del Estado.
Este tipo de decisiones abren la puerta a un precedente nefasto: que el Estado sea el «garante» de cualquier estafa futura, desincentivando la educación financiera y premiando la imprudencia.
La justicia no es pagar por errores ajenos.
La justicia es que cada quien asuma su responsabilidad.
