En una sorpresiva comparecencia en cadena nacional, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó una advertencia contundente a los diputados de la oposición que han abandonado o boicoteado sesiones legislativas: podrían ser expulsados e inhabilitados hasta por 10 años por obstaculizar el funcionamiento del pleno.
La amenaza y su base legal
Redondo citó el artículo 197 de la Constitución de la República y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que contemplan sanciones para quienes impidan la formación de quórum. Según el titular del Congreso, la actitud de ciertos diputados ha llegado al punto de “atentar contra el pueblo hondureño al frenar decretos importantes”.
«No permitiré que unos pocos saboteen los avances que necesita el país», declaró Redondo, advirtiendo que, de persistir estas ausencias estratégicas, los diputados titulares podrían ser sustituidos incluso por suplentes de otras bancadas.
Reacción de la oposición: “Borracho de poder”
La respuesta no se hizo esperar. El Partido Nacional y sectores del Partido Liberal calificaron el discurso como una amenaza autoritaria.
Tomás Zambrano, jefe de bancada nacionalista, fue tajante:
«Redondo está borracho de poder. Ha hecho esta amenaza al menos tres veces este año, y cada vez más alejado de la ley».
Por su parte, el diputado liberal Marlon Lara afirmó que se está «intentando usar el reglamento para acallar voces críticas», y la abogada constitucionalista Ruth Lafosse advirtió que tales acciones podrían considerarse una violación a la representación política garantizada en la Carta Magna.
¿Crisis institucional en puerta?
El fondo del conflicto revela una creciente polarización política en el Congreso Nacional. Redondo, alineado con el oficialismo, busca avanzar con decretos sociales, reformas estructurales y nuevos presupuestos. Sin embargo, la oposición ha recurrido al retiro estratégico como medida de presión.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación el riesgo de que las disputas políticas afecten la estabilidad legislativa y el funcionamiento democrático del país.
¿Qué sigue?
Redondo aseguró que elevará los casos a la Comisión de Disciplina del Congreso, y no descartó emitir sanciones inmediatas. Algunos analistas temen que esta postura pueda profundizar la confrontación y abrir un debate jurídico de gran escala sobre la separación de poderes y la legitimidad del reglamento interno en contextos de protesta legislativa.
