La situación de las mujeres en Afganistán se ha deteriorado significativamente en los últimos cinco años. Desde la caída de Kabul, millones de afganas han sido excluidas sistemáticamente de la educación, el empleo y la participación en la vida pública, configurando lo que organismos internacionales denominan un «apartheid de género».
Las cifras reflejan la magnitud de la crisis: más de 2,4 millones de niñas se encuentran actualmente fuera del sistema educativo, privadas del acceso a la escuela. Paralelamente, las restricciones a la movilidad femenina se han endurecido, limitando drásticamente la capacidad de las mujeres para trabajar, viajar y participar en decisiones que afectan sus propias vidas. Estas medidas han generado un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
La exclusión laboral también ha impactado gravemente la economía familiar. Sin acceso a empleos formales, miles de hogares dependen únicamente del ingreso masculino, generando pobreza extrema entre las familias encabezadas por mujeres. Organizaciones humanitarias advierten que esta situación acelera ciclos de vulnerabilidad y desigualdad que se perpetuarán por generaciones.
Aunque esta crisis ocurre a miles de kilómetros, Centroamérica debe estar atenta a cómo conflictos internacionales de esta envergadura afectan la geopolítica global y generan desplazamientos migratorios. La comunidad internacional continúa presionando por cambios que restituyan derechos fundamentales a la población afgana, especialmente a las mujeres y niñas.
