El Parlamento de Irán aprobó recientemente los lineamientos de un proyecto de ley que criminalizaría los contactos con ciudadanos, instituciones y medios de comunicación extranjeros. La medida busca, según las autoridades iraníes, contrarrestar lo que denominan como «influencia extranjera» en asuntos internos del país.
El texto legislativo aún requiere ratificación del Consejo de Guardianes, el órgano compuesto por 12 miembros que tiene la facultad de aprobar o rechazar leyes en Irán. Esta aprobación es un paso obligatorio en el proceso legislativo iraní, por lo que el proyecto no es definitivo hasta obtener el visto bueno de esta instancia.
De convertirse en ley, esta normativa representaría una restricción significativa a la libertad de comunicación y asociación dentro de Irán. Periodistas, activistas, académicos y ciudadanos comunes podrían enfrentar consecuencias legales por mantener correspondencia, colaboraciones o cualquier interacción con personas u organizaciones del extranjero.
Este tipo de medidas refuerzan el aislamiento del país y generan preocupación internacional sobre los derechos fundamentales. Para Centroamérica, estos eventos demuestran cómo algunos gobiernos utilizan la legislación para limitar libertades básicas, recordando la importancia de fortalecer instituciones democráticas que protejan el derecho a la comunicación libre en la región.
