María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, murió el miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, dos semanas después de que una comisión judicial ejecutara el desalojo del piso en el que vivió durante cerca de siete décadas. Su muerte ha reavivado el debate global sobre el derecho a la vivienda, un problema que también afecta crecidamente a Centroamérica.
El alquiler de su vivienda pasó de 500 euros a 2.650 euros mensuales, una cifra inalcanzable para la pensionada. La Policía Nacional apartó a las personas concentradas y la comisión judicial ejecutó el lanzamiento poco antes de la 1:00 p.m., tras lo cual Maricarmen salió en camilla hacia el hospital. Lo que pudo haber sido evitado con un acuerdo llegó demasiado tarde.
Su desalojo en Madrid activó protestas, decretos de urgencia y una huelga general por el precio de los alquileres. Miles de asistentes guardaron un minuto de silencio y al final gritaron «¡Maricarmen vive, la lucha sigue!». El caso no fue aislado: refleja una crisis estructural que trasciende fronteras.
En Honduras y Centroamérica, millones enfrentan situaciones similares: desalojos sin protección legal, alquileres que devoran el salario y acceso limitado a vivienda digna. El Gobierno español aprobó nuevos decretos para reforzar la protección de personas vulnerables frente a desahucios. La pregunta que deja Maricarmen es urgente: ¿cuándo nuestras autoridades tomarán medidas efectivas para proteger el derecho fundamental a una vivienda?
