La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este jueves su preocupación formal por las nuevas reformas penales aprobadas por el Parlamento de Honduras para combatir el crimen organizado, particularmente respecto al delito de asociación terrorista.
El ente de la ONU reconoció que Honduras enfrenta desafíos importantes en materia de violencia, extorsión y criminalidad, y que el Estado tiene derecho y obligación de proteger a su población. Sin embargo, enfatizó que estas medidas deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
La Oacnudh expresó su preocupación específica porque el conjunto de medidas aprobadas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías, tal como lo establece el derecho internacional.
Esto ocurre mientras el Gobierno de Nasry Asfura ha anunciado una intensificación de su ofensiva contra el crimen organizado a partir de enero de 2027, incluyendo más capturas, operativos policiales y el fortalecimiento de medidas de seguridad en centros penitenciarios para líderes de estructuras criminales.
