El juez B del Juzgado Segundo Penal, Mario Hichos, interpuso ante el Ministerio Público (MP) una denuncia en contra de miembros del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tras una serie de amenazas e intimidaciones contra personal de la judicatura que este dirige.
Diversos abogados representantes del Comité Ejecutivo del COG se han presentado a solicitar información y a hacer requerimiento, realizando actos de intimidación contra el personal del juzgado. Estos abogados han grabado al personal del juzgado, por lo que llamaron al departamento de Seguridad Institucional del Organismo Judicial (OJ) para que se hicieran presentes a controlar lo sucedido.
Esta denuncia se suma a un problema más amplio en Honduras y Centroamérica. En Honduras, cerca de 300 denuncias por amenazas, ataques y desarraigo han sido documentadas en el transcurso de una década, revelando un incremento sostenido en los últimos años y afectando el acceso a la justicia. En 2026, al menos tres profesionales del derecho fueron asesinados en distintas regiones del país: uno en Comayagua, otro en San Pedro Sula, Cortés, y una abogada en Tocoa, Colón.
Honduras tiene la obligación de garantizar que los abogados ejerzan sus funciones sin intimidaciones, amenazas o represalias, según los estándares de derechos humanos. Los operadores de justicia continúan enfrentando presiones que comprometen el funcionamiento del sistema judicial regional.












































