Colombia conmemora este 24 de noviembre una década del acuerdo de paz firmado con las FARC, pero la celebración se ve opacada por los problemas en su implementación. En noviembre de 2026 se cumplen 10 años de aquella firma, un hito que genera reflexiones críticas sobre el avance del proceso.
Cerca del 37% del acuerdo se ha implementado completamente y más del 40% inició la implementación, pero sin concluir. Los expertos coinciden en que el ritmo ha sido lento y desigual. Los datos de marzo de 2026 del SIIPO elevan la cifra de implementación general a 55,83%, lo que demuestra que la mayoría de compromisos aún están en proceso.
Uno de los golpes más recientes fue la pérdida de representación política de los excombatientes. A la agrupación se le asignaron 10 congresistas por dos períodos legislativos desde 2018 hasta 2026. En las elecciones parlamentarias de marzo de 2026 el partido perdió su personería jurídica al no conseguir votos suficientes. Este resultado refleja el difícil camino de la reincorporación civil de quienes depusieron las armas.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, para julio de 2026 el número de integrantes de grupos armados organizados ya llegaba a 29.062, más del doble de los registrados en 2018. Este panorama complica la narrativa de éxito, pese a que nueve años después de la firma del Acuerdo Final, la JEP ha dictado sus primeras sentencias en casos de crímenes de las FARC-EP y los ‘falsos positivos’.
El nuevo gobierno colombiano también ha generado incertidumbre. Como presidente electo, anunció que eliminaría la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la figura del Alto Comisionado para la Paz, y prometió terminar con la JEP. Sin embargo, este mes, la Corte Constitucional le advirtió que ninguna autoridad puede desfinanciar de manera sustancial la implementación del acuerdo de paz.
La paz no logró unir a la sociedad colombiana, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y esa es la gran deuda del Acuerdo. Para Centroamérica, el modelo colombiano representa tanto una esperanza como una advertencia: aunque la desmovilización de grupos armados es posible, su implementación requiere consistencia política y financiamiento sostenido que trascienda los gobiernos.










































