Arabia Saudita mantiene un ritmo acelerado de ejecuciones, afectando a cientos de extranjeros de países en desarrollo. En 2026 ya suma decenas de sentenciados a muerte, muchos condenados por delitos no violentos.
Arabia Saudita ha ejecutado al menos 108 personas en los primeros seis meses de 2026, marcando un ritmo elevado de aplicación de la pena capital que continúa los récords históricos del reino. Según la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos (ESOHR), esta tendencia refleja una política de ejecuciones aceleradas sin precedentes en la región.
Lo más alarmante es que más de la mitad de los condenados son extranjeros. En el primer semestre del año, 59 de las 108 ejecuciones fueron de personas de otras nacionalidades, principalmente de Somalia, Etiopía, Pakistán, Egipto y Afganistán. Estas cifras demuestran el uso «generalizado y continuado de la pena de muerte contra extranjeros» en un contexto de aplicación desigual de la ley.
Delitos no violentos dominan las condenas capitales: más del 76% de las ejecuciones de 2026 corresponden a casos que no implicaban asesinato premeditado, siendo los delitos relacionados con drogas la causa principal. De las 108 ejecuciones, 71 fueron por cargos de narcotráfico. Los tribunales saudíes imponen sentencias de muerte incluso en casos donde tienen discreción legal para aplicar otras penas.
Para familiares de condenados, el castigo es doble: además de perder a sus seres queridos en procedimientos que organizaciones internacionales critican como injustos, sufren el aislamiento legal y mediático. Muchos se enteran de las ejecuciones solo a través de redes sociales, sin notificación oficial previa de las autoridades.
En cárceles saudíes aguardan aún cientos de personas en pabellones de ejecución. Se documentan 58 ciudadanos etíopes en la prisión de Jamis Mushait, 8 egipcios en Tabuk y decenas más en otras instalaciones. Organizaciones de derechos humanos alertan que, tras el récord de 356 ejecuciones en 2025, las cifras podrían mantenerse en niveles críticos durante 2026 si no cambian las políticas judiciales del reino.
Centroamérica y el Caribe no son ajenos a esta realidad. Ciudadanos de la región que se encuentran en el extranjero enfrentan riesgos similares ante sistemas judiciales con penas de muerte severas. El fenómeno subraya la importancia de protocolos internacionales de defensa legal y notificación de familias en casos de pena capital.
