La crisis humanitaria en el sistema penitenciario de El Salvador continúa profundizándose. Según el más reciente informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 512 personas detenidas bajo el régimen de excepción han fallecido en centros de reclusión del país centroamericano.
Esta medida extraordinaria, implementada en marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele como estrategia para combatir a las pandillas, ha sido prorrogada de manera continua durante más de tres años. Bajo este esquema, las autoridades han realizado detenciones masivas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, han afectado también a ciudadanos sin vínculos con estructuras criminales.
Las cifras reveladas por SJH evidencian un patrón preocupante dentro de los centros penales salvadoreños. Organizaciones internacionales han documentado denuncias sobre hacinamiento extremo, falta de atención médica adecuada y condiciones de detención que no cumplen con estándares mínimos de dignidad humana. Familiares de los reclusos han alzado la voz exigiendo transparencia sobre las circunstancias de estos fallecimientos.
El régimen de excepción en El Salvador se ha convertido en uno de los temas más debatidos en América Latina, generando posiciones encontradas entre quienes celebran la reducción de índices delictivos y quienes alertan sobre los costos en materia de garantías constitucionales. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan demandando justicia y respuestas claras sobre lo ocurrido con sus seres queridos tras las rejas.
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