Honduras enfrenta un debate creciente sobre las restricciones legales al trabajo femenino en la minería, un sector que emplea a miles de personas en la región centroamericana. La minería artesanal y pequeña escala es reconocida como fuente importante de sustento en Honduras, con una población minera de 3,000 personas de las cuales el 5 por ciento son mujeres.
La Convención Internacional del Trabajo No. 45, adoptada en 1935, estableció una prohibición general sobre el trabajo subterráneo de mujeres con excepciones limitadas. La OIT misma eventualmente consideró este instrumento como anticuado, porque su lógica de exclusión por sexo conflictúa con el enfoque contemporáneo de igualdad de trato. En Honduras, aunque existen regulaciones sobre horarios de trabajo para mujeres, persisten barreras estructurales que limitan su participación en roles técnicos.
Según el Banco Mundial, 60 países aún mantienen leyes que restringen el empleo de mujeres en la minería. Las prohibiciones sobre el trabajo de mujeres continúan teniendo un efecto dramático en su participación en el sector extractivo y en última instancia en la brecha salarial, ya que los trabajos técnicos en minas como ingeniero, geólogo y analista suelen pagar más que los trabajos administrativos, pero las mujeres en el sector se emplean abrumadoramente en funciones de menor paga.
En Honduras, la tasa de participación de la fuerza laboral femenina alcanzó 39.49 por ciento en 2024. Miles de hombres y mujeres ganan su sustento en operaciones de minería artesanal y pequeña escala en Honduras, donde el sector ASM emplea una fuerza de trabajo principalmente sin calificar, dependiendo de herramientas rudimentarias y técnicas, resultando en prácticas ambientales, de salud y seguridad peligrosas. Las organizaciones internacionales advierten que tanto la exclusión como la falta de protección adecuada representan riesgos para las trabajadoras mineras de la región.
