El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene la facultad de tomar medidas legales en caso de detectar irregularidades en contratos financiados por él, como en el caso reciente de Daniel Brizuela, cuñado de la ministra Carla Paredes, quien fue contratado como jefe de proyectos.
Según el estamento de políticas del BID para financiar proyectos, el Banco puede ejercer recursos legales si hay engaños, ocultación de información u otras irregularidades. En el caso de consultorías, el Banco no financia gastos si los consultores no son seleccionados según los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y el Plan de Adquisiciones.
María José Jarquín, representante del BID en Honduras, señaló que la Secretaría de Salud solicitó la aprobación del BID para financiar la contratación de Brizuela sin informar sobre el parentesco con la ministra. Esto podría tener graves consecuencias, incluso si el contrato ya fue adjudicado después de obtener la no objeción del banco.
El salario de Brizuela, pagado con fondos del BID, oscila entre $4,000 y $8,000 al mes en su rol como jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de Salud.
En caso de no cumplir con los procedimientos establecidos, el BID podría declarar no elegible para financiamiento la contratación y exigir la devolución de los fondos prestados. Esta situación resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los requisitos en las contrataciones financiadas por organismos internacionales como el BID.
