El diputado Orlando Blanco cuestionó públicamente la estrategia de fiscalización implementada por la Contraloría General de la República, señalando que apenas el 1% de las auditorías se destinó al sector de infraestructura durante el período evaluado. Según Blanco, esta decisión representa un vacío significativo en la supervisión de recursos que históricamente han sido propensos a irregularidades.
Los funcionarios de la Contraloría respondieron a las críticas argumentando que su modelo de fiscalización obedece a un enfoque preventivo y respeta los límites legales establecidos en la ley. Explicaron que la distribución de auditorías responde a una clasificación sectorial deliberada, donde se priorizan áreas según evaluaciones de riesgo y disponibilidad de recursos.
El conflicto refleja un debate más amplio sobre cómo deben asignarse los esfuerzos de supervisión pública en Honduras. La infraestructura, especialmente en proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras, ha sido históricamente una de las áreas con mayor cuestionamiento por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.
La polémica abre interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control existentes y si realmente se están abordando las áreas de mayor vulnerabilidad. Para la ciudadanía centroamericana, esta discusión cobra importancia al tratarse de cómo se supervisan inversiones que afectan directamente la calidad de servicios públicos y obras que impactan el desarrollo económico regional.
