En un intento por combatir la corrupción que ha asolado al país durante décadas, el Congreso Nacional de Honduras está impulsando una serie de reformas al Código Penal que endurecen las penas para funcionarios públicos involucrados en actos corruptos. Estas reformas surgen en respuesta a la creciente presión social para que el gobierno tome medidas decisivas contra la impunidad y la malversación de fondos públicos.
Aumentos en las Penas y Nuevas Disposiciones
Las reformas propuestas incluyen aumentos significativos en las penas por delitos como malversación de fondos, cohecho, y abuso de autoridad. Por ejemplo, las penas por malversación de caudales públicos podrían incrementarse hasta los 15 años de prisión, y los casos de soborno podrían recibir sanciones más severas que incluyan multas que dupliquen el monto de lo sustraído.
Además, se están considerando nuevas disposiciones que fortalecerían la capacidad de las autoridades para investigar y procesar a los funcionarios implicados en estos delitos, incluyendo la posibilidad de confiscar bienes obtenidos de manera ilícita.
Reacciones de la Sociedad Civil y el Sector Político
Las organizaciones de la sociedad civil han aplaudido estas reformas como un paso positivo hacia la lucha contra la corrupción, pero también han señalado que se requiere un compromiso real para aplicarlas de manera justa y efectiva. Por otro lado, algunos sectores políticos han manifestado su preocupación de que estas modificaciones podrían utilizarse como una herramienta para perseguir adversarios políticos, sugiriendo que su implementación debe estar acompañada de garantías de imparcialidad y respeto al debido proceso.
El Camino por Delante
Aunque las reformas aún están en discusión, representan una oportunidad para que Honduras avance hacia una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El éxito de estas medidas dependerá en gran parte de la voluntad política y de la capacidad de las instituciones para aplicar la ley sin favoritismos.
