Dieciocho territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua han sido afectados por 62 lotes de concesiones mineras en poder de empresas chinas, canadienses y colombianas. Esta crisis ambiental no se limita a Nicaragua y genera consecuencias directas para Honduras y el resto de la región.
Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas, según documentación de Fundación del Río. Esta expansión se ha dado en contra del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas, violando estándares internacionales de protección a pueblos originarios.
El impacto ambiental trasciende fronteras. Los más de 60 lotes mineros impactan en unos 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica. En Costa Rica, las autoridades advierten que la minería ilegal en el territorio fronterizo evolucionó de un esquema artesanal a una explotación semiindustrial vinculada al crimen organizado.
Honduras enfrenta una realidad igualmente grave. En los últimos cinco años, Honduras ha registrado aproximadamente 70 ambientalistas asesinados, con casos emblemáticos como el de Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa. Entre el 2015 y el 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados en Honduras, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 92% de los casos.
Nicaragua, Guatemala y Honduras viven un contexto de «múltiples crisis» en territorios comunitarios. Asesinatos, amenazas, criminalización y arrestos arbitrarios son situaciones que los indígenas y afrodescendientes de Centroamérica viven en su lucha por la reivindicación de sus derechos frente a grandes industrias extractivas.
