Los Codeses tienen asignados más de GTQ15 mil millones en el ejercicio actual, pero al 3 de septiembre solo habían ejecutado alrededor de una cuarta parte, equivalente a 24.39% del presupuesto disponible. Esta baja ejecución contrasta con las proyecciones presupuestarias y plantea interrogantes sobre cómo se invertirán estos recursos en un año electoral.
Las obras públicas suelen utilizarse para capitalizar políticamente sus beneficios. Expertos advierten que el dinero destinado a desarrollo departamental corre riesgo de ser desviado hacia proyectos que favorezcan candidatos políticos antes de las elecciones de 2027, en lugar de responder a necesidades reales de las comunidades.
El bajo avance contrasta con las proyecciones para 2027, cuando el monto acumulado podría superar los Q18 mil millones. La discusión presupuestaria deberá definir cuánto dinero recibirán finalmente los Codedes y bajo qué condiciones podrán utilizarlo. El Congreso también tendrá que valorar la ejecución vigente antes de aprobar nuevas asignaciones, especialmente por el calendario electoral de 2027.
Este escenario es común en Centroamérica. Honduras también enfrenta retos similares en la distribución y ejecución de fondos destinados al desarrollo territorial. La falta de fiscalización rigurosa y transparencia en estos procesos permite que el dinero público se desvíe de sus propósitos originales, perpetuando un ciclo donde las inversiones se usan como herramientas electorales en lugar de solucionar problemas estructurales de las regiones más olvidadas.
