Honduras aprobó ayer nuevas reformas penales que permiten penas de hasta 40 años de cárcel para pandilleros y delitos de terrorismo, marcando un endurecimiento sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado.
El Congreso Nacional dio «luz verde» a estas medidas en medio de presiones por contener la violencia ligada a maras y narcotráfico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como el Codeh advierten que estas reformas, que incluyen allanamientos sin orden judicial, podrían obligar al país a denunciar tratados internacionales de protección a los derechos fundamentales.
La brecha entre seguridad y garantías legales. Mientras Honduras impulsa reformas cada vez más restrictivas, la región enfrenta una crisis más profunda: la independencia judicial enfrenta «retos significativos» en Centroamérica, impulsados por grupos de poder que buscan garantizar impunidad y debilitar el Estado de derecho. Honduras, particularmente, persiste en debilidades estructurales como la falta de una carrera judicial consolidada, lo que mantiene al sistema vulnerable a presiones políticas.
El dilema es claro: aunque las medidas de seguridad responden a una realidad palpable de violencia, los expertos advierten que un sistema judicial débil y politizado no puede garantizar que estas nuevas facultades se apliquen solo contra criminales. Solo el 32% de la población apoya la democracia en Honduras, una de las tasas más bajas de la región, reflejando la desconfianza ciudadana en las instituciones.
En paralelo, crisis similares sacuden la región. En Chile, el presidente Kast ingresó el martes un proyecto de ley que modifica el régimen de reducción de condenas, ante la revelación de que su gobierno otorgó la rebaja de sentencias a más de 50 condenados por abusos y violaciones de menores desde que Kast llegó al poder. «No hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel», reconoció Kast.
El reto institucional. Honduras y otros países centroamericanos enfrentan una encrucijada: endurecer leyes puede parecer una respuesta rápida, pero sin instituciones judiciales independientes y confiables, el riesgo de abuso de poder es tan grave como el crimen mismo. La región necesita reformas que equilibren seguridad con garantías, no una u otra.
