Dueña niega queja de vecinos y afirma que es algo personal. El domingo pasado, el alcalde visitó el restaurante a raíz de denuncias de vecinos que aseguraron ya no aguantar el alto volumen de la música.
SAN PEDRO SULA. Tras una fuerte polémica y opiniones contradictorias entre el alcalde Roberto Contreras e Inés Altamirano, propietaria del restaurante Catrina, el edil tomó la decisión de cerrar el negocio durante siete días, aplicando la Ley de Convivencia del artículo 149, mientras que la dueña decidió encadenarse hasta cumplir la sanción.
El negocio está ubicado en el barrio Río de Piedras de esta ciudad.
Y fue cerrado el pasado domingo tras la visita del alcalde al establecimiento.
El edil aseguró que la decisión del cierre ha sido por varias denuncias de vecinos que se quejaron por el alto volumen de la música.
La Municipalidad dio repuesta a las denuncias a través del artículo 149 de la Ley de Policía y Convivencia Social.
Dicho artículo establece la suspensión o cierre de establecimientos abiertos al público.
Ante la situación con el cierre del negocio, Contreras sugirió a todos los ciudadanos que viven en zonas residenciales u otros sectores a que levanten firmas y denuncien a los que irrespetan la Ley de Convivencia y no dejan dormir a quienes tienen que trabajar otro día.
“El problema se da cuando sacan permisos para restaurantes»
«Y después los convierten en discoteca o centros de conciertos, bar o karaoke, afectando a los vecinos»
«Deben respetar el derecho de los demás”.
Se aplicó la medida correctiva
La jueza María Sanabria, directora del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos, Justicia Municipal, informó que se aplicó la medida correctiva del cierre temporal tipificada en el artículo 194 del Plan de Arbitrios vigente.
“En el expediente tenemos un antecedente desde junio de 2022, donde en reiteradas ocasiones se les ha citado para dar respuesta a una serie de denuncias relacionadas con contaminación sónica”.
De acuerdo con la jueza municipal, es una respuesta a una serie de denuncias expuestas por los vecinos en la aplicación Soy SPS+.
Respecto a cómo se dieron los hechos, relató que en primera instancia fue una amonestación verbal.
Luego se dictó una medida correctiva, en este caso se decomisó el parlante por la contaminación sónica y se continuó haciendo advertencia para regular el sonido en una zona residencial, donde opera el restaurante.
Luego se le citó a una audiencia de descargo ya establecida en el Artículo 154 de la Ley de Policía y Convivencia Social y se notificó en estrado que se procedería la aplicación de la misma medida.
“Pensé que me venía a visitar y me insultó”
Altamirano relató que el día domingo, a las 7:30 de la noche, el alcalde llegó a su negocio y ella al verlo bajar del carro se alegró y dijo “qué honra tener al alcalde aquí”.
Pero luego afirmó que él comenzó a insultarla y que hasta le llamó burdel a su restaurante.
Luego negó que haya denuncias de vecinos sobre su negocio.
Y aseguró que una queja que existe es la de la vecina del frente del local y eso ya es una cuestión personal.
No se trata de la bulla por la música, porque se usa moderadamente y hasta las 11:00 de la noche, según la dueña.
Encadenada y en huelga de hambre
“He decidido encadenarme porque eso fue lo que el alcalde nos enseñó»
Seguiré encadenada y en huelga de hambre hasta que termine la sanción»
«Estoy preocupada porque se me va a arruinar el producto que tengo dentro del restaurante»
«Y no puedo llevar a mis otros negocios porque no hay ingreso para sacar las cosas”.
La propietaria de Catrina dijo que tiene tres restaurantes más.
Y que desde los 14 años trabaja e inició a realizar eventos como payasita.
Y que sabe lo que significa empezar de cero, por lo que pidió al alcalde compresión para su negocio.
Gabriel García, apoderado legal de Altamirano, dijo que el domingo se reunieron con el alcalde.
Ese mismo día el edil atendió una llamada de amigos de confianza que son grupos acaudalados de poder en esta ciudad.
Y ellos podrían estar infiriendo en el caso.
García declaró que el alcalde ha violado el proceso de ley en este caso.
Porque se presentó al establecimiento y debieron llevar un informe técnico que determinara los decibeles y si realmente se cometió alguna infracción.
“El negocio cuenta con los permisos de operación y el alcalde despectivamente dijo que pagan 300 lempiras por permiso, pero no es cierto, son 3,600 lempiras y hay otro permiso por 4,200 lempiras”.
