Haití enfrenta una de las tragedias humanitarias más graves de las últimas décadas. Durante seis días en diciembre de 2024, un líder pandillero identificado como el rey Micanor ordenó el asesinato de 207 personas en el barrio Wharf Jérémie de Puerto Príncipe. La mayoría de las víctimas eran adultos mayores, a quienes responsabilizó por la muerte de su hijo de seis años mediante lo que consideraba prácticas de brujería.
El responsable forma parte de Viv Ansanm, una confederación de pandillas que ejerce control sobre amplias zonas de la capital haitiana. Según reportes, la ola de violencia fue desencadenada por la muerte del menor, a la cual atribuyó causas sobrenaturales. Esta interpretación llevó a represalias masivas contra la población civil, particularmente contra ancianos de su comunidad que fueron señalados como autores del supuesto hechizo.
Los eventos ocurridos en Haití reflejan la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño, donde grupos armados operan con impunidad y ejercen control territorial sobre civiles. La situación ha generado desplazamientos forzados, hambruna generalizada y colapso de servicios básicos. Centroamérica ha sido testigo de oleadas migratorias procedentes de Haití, lo que representa una preocupación regional compartida por gobiernos y organizaciones humanitarias.
Organismos internacionales de derechos humanos han condenado estos hechos como crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional mantiene bajo vigilancia la situación en Haití mientras se requieren esfuerzos coordinados para estabilizar el país y proteger a la población vulnerable. La tragedia subraya la urgencia de intervenciones humanitarias y soluciones políticas duraderas en la región.
