La CNBS aprobó el Reglamento de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final mediante la Circular No.010/2026 del 25 de septiembre. Este paso marca el inicio de operaciones de una herramienta clave para identificar a los verdaderos dueños detrás de las empresas en Honduras.
La normativa aplica a todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas, nacionales o extranjeras, que operen en Honduras. Se considera beneficiario final a la persona natural que, en última instancia, posee o controla una persona jurídica o en cuyo nombre se realiza una transacción. Se define como beneficiario final a la persona natural que posee directa o indirectamente el 25% o más de una sociedad o ejerce control efectivo.
Una vez habilitada la plataforma, las entidades obligadas tendrán un plazo de cuatro meses para presentar su primera Declaración Jurada de Beneficiario Final, mientras que las nuevas entidades deberán cumplir con esta obligación dentro de un mes después de su constitución. El registro será administrado por la CNBS y estará a cargo de una base de datos de carácter confidencial.
La nueva ley tiene como objetivo fortalecer la transparencia corporativa, facilitar la identificación de las personas naturales que poseen o controlan efectivamente una entidad jurídica y alinearse con estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta medida busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, reforzar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y consolidar a Honduras como un destino más atractivo para la inversión.
