El Campo Xan, una de las operaciones petroleras más importantes de Guatemala, cumple doce meses sin funcionar mientras las autoridades avanzan lentamente en los trámites para su cierre técnico definitivo. La licencia para realizar estos trabajos sigue en fase de evaluación y dictámenes, lo que retrasa un proceso que requiere inversión significativa y coordinación entre múltiples instancias gubernamentales.
Según reportes del Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de clausura del campo tiene un costo estimado de 370.7 millones de quetzales distribuidos en un período de tres años. Este presupuesto contempla las tareas necesarias para desactivar correctamente las instalaciones, remediar daños ambientales y asegurar que el sitio no represente riesgos posteriores. Sin embargo, la licitación formal aún no se concreta, lo que deja el campo en una situación de abandono parcial.
Mientras tanto, las autoridades han documentado intentos de robo y sabotaje en las tuberías de pozos petroleros, además de hurto de equipamiento y maquinaria. Estos hechos agravian la situación del sitio y generan preocupación sobre la seguridad de las instalaciones y el impacto ambiental potencial. El Ministerio de Energía y Minas ha intensificado vigilancia en la zona para contener estos incidentes.
La demora en el cierre técnico del Campo Xan tiene implicaciones para toda Centroamérica, ya que afecta la gestión de recursos naturales y establece precedentes sobre cómo los gobiernos regionales manejan la desactivación de operaciones extractivas. Para Honduras, esta situación subraya la importancia de contar con protocolos claros y fondos disponibles para el cierre ordenado de proyectos energéticos, especialmente considerando la vulnerabilidad ambiental de la región.
