Los acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las policías locales se han disparado un 950% durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.
Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo Estados Unidos han suscrito estos acuerdos de cooperación. Las agencias policiales y oficinas del sheriff podrían embolsarse entre 1,400 y 2,000 millones de dólares este año. Documentos internos filtrados revelan que los oficiales solo comienzan a percibir estos incentivos tras realizar su primer arresto.
Casos como el de un policía de Texas muestran las consecuencias locales. En un año, el departamento de policía entregó a ICE a un número de personas equivalente al 10% de la población del pueblo, afectando a familias y vecidos de toda la vida, así como a conocidos del propio oficial. Este patrón se repite en múltiples jurisdicciones.
Un reporte del Deportation Data Project expone que más del 50% de las personas arrestadas por ICE en julio carecía de condenas o cargos penales pendientes. Se observa un cambio de estrategia hacia arrestos más discretos durante paradas de tráfico, citas con ICE, aeropuertos o contactos con policías locales.
Para centroamericanos, incluyendo hondureños en Estados Unidos, esta expansión representa un riesgo mayor. Las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos incluyen propuestas migratorias de aspirantes republicanos que plantean mantener la colaboración policial con ICE y reforzar acuerdos que permiten funciones migratorias a policías locales. Los expertos advierten que esta estructura incentivada crea presión sobre autoridades locales para aumentar detenciones, independientemente del historial criminal.
