La resolución fue aprobada por unanimidad en una reunión extraordinaria celebrada en Washington el 2 de octubre. Sin embargo, el texto no impone sanciones concretas contra Daniel Ortega ni Rosario Murillo, limitándose a exigencias diplomáticas.
La resolución insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para «la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas». El organismo decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas «traidores a la patria».
La medida afecta directamente a Honduras y Centroamérica, región que forma con Nicaragua el epicentro de la inestabilidad política hemisférica. La OEA estableció un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá comenzar sus trabajos dentro de los próximos 30 días. El grupo buscará dialogar directamente con las autoridades nicaragüenses y con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición y los nicaragüenses en el exilio.
Después del 3 de noviembre, habiendo pasado las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, el Grupo Ministerial tratará de establecer comunicación con el régimen de Managua. Será a partir de entonces que se deberá esperar la imposición de sanciones diplomáticas, comerciales y financieras contra la dictadura. El futuro de Nicaragua dependerá de si el régimen acepta el diálogo o endurece su posición autoritaria.
