La transferencia de nueve viviendas ubicadas en playa Gavilán, Tola, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social involucró inmuebles que pertenecían a jubilados estadounidenses, ocurrida a fines de agosto de 2026 sin notificación oficial previa.
Nueve jubilados estadounidenses fueron usurpados de sus nueve viviendas de lujo con todos los muebles y enseres. Los propietarios afirmaron que habían construido y mantenido estas propiedades durante más de 15 años. Los afectados calcularon en USD 15 millones el valor de las construcciones, mejoras y bienes en el interior.
No hubo notificación oficial de la Procuraduría o el INSS, los jubilados se enteraron porque sus empleados les avisaron, y en la Policía y Alcaldía de Tola les informaron que las casas ya eran del Estado. Aproximadamente 15 trabajadores locales dependían de labores de vigilancia, limpieza, jardinería, cocina y mantenimiento en estas propiedades.
La Procuraduría General de Justicia confisca bienes de forma ilegal y posteriormente los dona al INSS. Entre 2024 y octubre de 2026 más de 370 propiedades han sido transferidas por este método. Un vocero del Departamento de Estado calificó como lamentable que el Gobierno de Nicaragua irrespete de forma reiterada los derechos de propiedad. Este caso pone en alerta a inversionistas extranjeros en toda Centroamérica respecto a la seguridad de sus activos en la región.
