El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 el proyecto de ley de rescate fiscal ante la Cámara de Representantes, con el que prevé reducir en 2,2% el gasto público. La medida responde a la profunda crisis fiscal que enfrenta Colombia, considerado por Oxford Economics como el país con el mayor desafío de ajuste fiscal entre las principales economías de América Latina, que exigirá varios años de correcciones.
La reforma contempla llevar al 19% de IVA distintos productos procesados, entre ellos conservas, vegetales preparados, salsas, algunos cereales, galletas, pastas especiales y ciertos alimentos industrializados. El proyecto ha generado críticas porque vuelve a poner impuestos sobre alimentos básicos de la canasta familiar. Sin embargo, el proyecto conserva tratamientos preferenciales para varios productos esenciales.
Paralelamente, la reforma propone que la tarifa de renta para personas jurídicas baje del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Esta combinación —más impuestos para hogares, reducción para empresas— ha generado polémica incluso dentro de sectores aliados al gobierno. El gobierno busca que el Congreso apruebe antes de que termine 2026 la ley de ajuste fiscal, una iniciativa diseñada para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Para Centroamérica, esta reforma es crucial porque Colombia es el país con el mayor deterioro fiscal de América Latina y su inestabilidad financiera afecta los flujos comerciales y de inversión regionales. El deterioro fiscal ha obligado al Gobierno a financiarse con capitales especulativos de corto plazo y ha elevado las tasas de interés que debe pagar la Nación para endeudarse. Honduras y otros países de la región pueden experimentar mayor presión en sus propias finanzas si Colombia enfrenta una desaceleración económica.
