El Reglamento de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de octubre de 2026. Esta normativa representa un hito en la estrategia nacional para cerrar puertas al dinero ilícito que alimenta el crimen organizado en el país.
La ley elimina el anonimato societario, crea un registro bajo la supervisión de la CNBS y establece fuertes sanciones para quienes oculten o falseen información. El régimen sancionador de la CNBS infundirá un rigor severo para garantizar el cumplimiento de la ley, estipulando multas administrativas que oscilan entre los 20 y los 500 salarios mínimos para las entidades que omitan o falseen información, castigo que se duplicará automáticamente en casos de reincidencia.
Complementando estos esfuerzos, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, anunció la creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos, identificada como Felafra. La dependencia investigará recursos de origen ilícito, financiamiento terrorista y patrimonios vinculados con delitos, con facultad para impulsar aseguramientos o decomisos mediante los procedimientos legales correspondientes cuando proceda.
Honduras también recibe reconocimiento internacional por estos avances. La delegación del FMI valoró positivamente el funcionamiento del sistema y los avances alcanzados en su implementación, lo que refleja el compromiso del país con los estándares internacionales. Estos mecanismos son cruciales para debilitar las bases financieras del crimen organizado que impacta tanto a Honduras como a toda Centroamérica.
