El Congreso Nacional de Honduras aprobó una serie de reformas penales y procesales destinadas a endurecer la respuesta del Estado contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales organizadas. La decisión obtuvo 118 votos a favor y 10 abstenciones de diputados de Libre.
La ley contempla cadena perpetua para cabecillas de maras y pandillas, así como para quienes recluten menores de edad. Las penas por terrorismo para integrantes de estas organizaciones aumentan de 15 a 20 años a un rango de 30 a 40 años de prisión. Además, la nueva normativa establece cambios en el sistema penitenciario que contempla condenas de hasta prisión perpetua para determinados delitos.
Un total de 40 personas detenidas en Honduras bajo la nueva legislación contra estructuras criminales ya cumplen un régimen de máxima seguridad que contempla 23.5 horas diarias de encierro. Las medidas obligan a los privados de libertad a permanecer confinados en sus celdas durante veintitrés horas y media al día, con únicamente treinta minutos para estiramiento y limitando la exposición al sol a una sola hora semanal. El nuevo marco normativo establece la restricción absoluta de visitas, así como la prohibición de ingreso de alimentos, dinero o comunicaciones no autorizadas.
Las principales pandillas que operan en Honduras son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, presentes en el país desde hace más de tres décadas y con unos 40.000 afiliados. Estas reformas representan un giro decisivo en la estrategia legal de Honduras frente al crimen organizado que ha afectado profundamente la seguridad ciudadana durante años.
