Byron Eduardo Ulín Ortiz, trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), enfrenta juicio por incumplimiento de deberes, acusado de haber entregado un cadáver equivocado a una familia el 23 de julio de 2020. El debate se desarrolla en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal. El caso ha destapado deficiencias institucionales preocupantes en el manejo de restos mortales en Honduras.
Según la investigación del Ministerio Público, Ulín Ortiz, quien trabajaba como tanatólogo, habría entregado a los familiares un cadáver que estaba identificado como XX, tenía al menos dos meses de permanecer en el INACIF y se encontraba en estado de descomposición. En su declaración, Ulín señaló que en ese año hubo una acumulación de cadáveres derivada de los decesos por COVID-19. El contexto de la pandemia evidencia la crisis que enfrentó la morgue durante 2020.
Durante su declaración, Ulín Ortiz señaló que el procedimiento se efectuó sin una cámara fotográfica institucional para documentar la individualización de los cadáveres, afirmando que antes no contaban con este equipo y que sus superiores tenían conocimiento de ello. Esta carencia documental complicó la investigación posterior.
El acusado también declaró que el INACIF abrió un proceso administrativo y planteó la necesidad de obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una supervisora le indicó que las grabaciones permanecían almacenadas durante tres meses y que ella efectuaría el requerimiento de oficio. La tardanza en obtener evidencia videogrfíca debilitó la capacidad de esclarecimiento de los hechos, problemática que trasciende este caso individual.
