NICARAGUA. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a sectores opositores. La medida prohíbe la participación de quienes incurran en actos que menoscaben la independencia y soberanía, promuevan injerencia extranjera o se organicen con financiamiento internacional.
El triunfo legislativo del régimen de Ortega refleja una tendencia peligrosa en la región. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció que «no habrá más elecciones» en el país, cuando las elecciones presidenciales estaban programadas para 2027. El Grupo de Expertos de la ONU concluyó en 2026 que el objetivo sistemático de esas acciones es impedir cualquier reemplazo del gobierno por vías institucionales.
Honduras y Centroamérica enfrentan retos similares. Los hondureños están aún muy lejos de elegir representantes de la comunidad LGBTI, personas con capacidades especiales, afrodescendientes e indígenas. Existe un proceso de reformas electorales orientadas a fortalecer la participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, pero el avance es lento. En Honduras, los partidos mayoritarios seguirían controlando el poder mientras los partidos emergentes serían marginados por barreras insuperables, perpetuando un sistema político excluyente que erosiona las bases democráticas.
La reforma constitucional nicaragüense establece restricciones severas para la participación política, bloqueando efectivamente a cualquier figura o sector que el Estado clasifique bajo la figura de traición a la patria, formalizando la exclusión de la disidencia en futuros procesos electorales. Expertos alertan sobre el efecto cascada que esto puede tener en democracias debilitadas de la región.
