La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en primera legislatura una nueva reforma constitucional que extiende de seis a siete años el mandato de Ortega y Murillo, y elimina la participación de la oposición política.
El analista político Eliseo Núñez sostiene que el silencio frente a Washington tiene un carácter táctico, señalando que Ortega está evitando pelear con Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington implementará medidas en la próxima reunión de la OEA, tras criticar que la Asamblea Nacional de Nicaragua «desmanteló lo que quedaba de la democracia nicaragüense» con la aprobación de una segunda reforma constitucional en dos años.
Rubio pidió a los socios de Washington «no mantener relaciones habituales» con Nicaragua, pero pese a ese pronunciamiento, el régimen no emitió una respuesta contra Estados Unidos. Rubio señaló que casi el 50 por ciento de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos y que «miles de empleos podrían estar en peligro».
Esta estrategia de silencio contrasta con la respuesta agresiva del régimen hacia otros países. La reforma excluye de elecciones a personas abiertamente opositoras, consideradas «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial. La medida aún no entra en vigor mientras no se ratifique en segunda legislatura, lo cual está previsto para el 18 de enero de 2027. Para Honduras y Centroamérica, esta crisis política en Nicaragua agrava la inestabilidad regional. Nicaragua enfrenta un creciente rezago frente al resto de Centroamérica debido a la radicalización autoritaria, la corrupción, la captura del Estado y el deterioro de las libertades civiles.
