Estados Unidos instó a sus aliados a romper lazos diplomáticos y económicos con el gobierno de Nicaragua, después de la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional en la Asamblea Nacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitó poner fin a las operaciones habituales con el régimen nicaragüense, sumándose a las críticas de diversos países de la región ante el deterioro democrático.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en la primera de las dos votaciones requeridas una reforma de la Constitución que impedirá a los opositores considerados «traidores a la patria» participar en elecciones y ampliará a siete años el mandato presidencial. La reforma establece que «no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos los traidores a la patria, quienes hayan ejercido liderazgo en un intento de golpe de Estado, o promuevan la injerencia extranjera, bloqueos económicos y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos».
El gobierno ya aplicó la categoría de traidor a la patria a más de 452 opositores, a quienes también despojó de la nacionalidad nicaragüense, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La enmienda constitucional, cuya ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, busca afianzar aún más el poder de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Panamá, después de la reforma constitucional, ya retiró a su embajador en Managua, y existe un margen para que Costa Rica lo haga, al igual que otros países centroamericanos. Varios países centroamericanos, junto con Bolivia, Brasil y Chile, ya habían criticado la declaración de Ortega de julio, cuando anunció públicamente que no habría más elecciones en el país. La actual exclusión de Nicaragua de ejercicios militares regionales responde a la desconfianza de los países vecinos y al alineamiento del régimen nicaragüense con Rusia e Irán.
En 2025, Estados Unidos exportó a Nicaragua bienes por 2.400 millones de dólares e importó bienes por 5.000 millones. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 7.400 millones de dólares. Ambos países forman parte del CAFTA-DR, el tratado de libre comercio vigente para Nicaragua desde 2006. La tensión comercial y diplomática plantea incertidumbre sobre el futuro de estas relaciones en Centroamérica, donde Honduras y otros países mantienen acuerdos comerciales interdependientes con Estados Unidos.
