En Centroamérica, como en toda América Latina, existe una grieta profunda entre el discurso político y la realidad administrativa. La seguridad, la lucha contra la corrupción y la competencia económica pesan más que las etiquetas políticas convencionales, pero los ciudadanos siguen viendo cómo la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente.
La región no muestra avances sostenidos en la lucha contra la corrupción y mantiene un promedio de apenas 42 puntos sobre 100, según los últimos análisis de transparencia. Honduras, junto con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, enfrenta desafíos institucionales que afectan desde la inversión empresarial hasta los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La transición política exigirá a las empresas ser cautelosas, pues podrían enfrentar variaciones en las reglas del juego y reforzamiento de la supervisión estatal, especialmente considerando que tras escándalos de corrupción pasados existe mayor sensibilidad hacia el cumplimiento normativo y la transparencia.
Lo paradójico es que la principal señal que buscan las empresas es previsibilidad y la región necesita reglas claras y seguridad jurídica, pero precisamente eso es lo que falta. Los políticos prometieron transformar sistemas, pero terminaron integrándose en ellos. La vocación inicial se diluyó en negociaciones de poder.
