El Gobierno de Donald Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200,000 extranjeros que han solicitado asilo en Estados Unidos. Esta medida impactará directamente a miles de centroamericanos, incluyendo hondureños con trámites pendientes de protección.
A menos de que la medida sea impugnada o modificada, el Departamento de Estado hará el anuncio en las próximas semanas de la revocación de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que hayan solicitado asilo o estén tramitándolo. De concretarse, la medida sería la mayor revocación masiva de visas de una sola vez en la historia del país.
La decisión afectaría a titulares de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 que posteriormente presentaron solicitudes de asilo. Honduras es uno de los países con mayor número de solicitantes de asilo en EE.UU., especialmente por razones de violencia y persecución.
Las revocaciones no necesariamente resultarían en la deportación inmediata de esas personas. La mayoría de quienes tienen casos de asilo actualmente pendientes serían reclasificados, pero perderían su estatus como viajeros de negocios o turistas. Esto genera incertidumbre para familias hondureñas que dependen de remesas y conexiones comerciales desde Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha incrementado de forma constante las restricciones para los solicitantes de visas desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato: exige más información sobre sus historiales en redes sociales, requiere el pago de costosas fianzas y prohíbe de manera directa la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países. Organizaciones de derechos humanos en la región alertan sobre el impacto en la migración documentada.
