La empresa familiar del gobernador Jim Pillen es uno de los mayores productores porcinos de Estados Unidos. En su campaña por la reelección, se ha alineado con la agenda antinmigrante del presidente Trump, a pesar de que sus granjas han contratado a trabajadores indocumentados.
El gobernador —que hasta el año pasado rara vez se había pronunciado sobre cuestiones migratorias— ha adoptado la agenda de mano dura de Trump en materia de inmigración. Pocos días después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobernador ordenó a la Patrulla Estatal de Nebraska que colaborara con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la aplicación de la ley de inmigración.
Aunque no está claro cuál es la proporción de trabajadores indocumentados en la plantilla agrícola de Pillen —que cuenta con unos 1200 empleados en cuatro estados de Estados Unidos y en Canadá—, el hecho de que la empresa haya recurrido a ellos es un secreto a voces en algunas de sus granjas de Nebraska. Muchas explotaciones agrícolas de Nebraska y otros estados dependen de los migrantes debido a la escasez de mano de obra.
La polémica surge cuando Honduras y Centroamérica enfrentan presiones migratorias crecientes. Miles están en riesgo de deportación en EE.UU. tras nuevos fallos sobre el TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. El caso de Pillen expone la contradicción entre la retórica política antimigrante y las prácticas empresariales en Estados Unidos, un patrón que afecta directamente a miles de trabajadores centroamericanos y sus familias.
