Estados Unidos mantiene vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños hasta nuevo aviso, evitando la revocación que iba a efectuarse el 9 de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional mantendrá vigente el amparo que protege a unos 170,000 salvadoreños, dejando en suspenso lo que se consideraba el mayor desmantelamiento de este programa desde su creación en 1990.
El Gobierno Trump también ha retirado el TPS a inmigrantes de Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua, convirtiendo esta crisis migratoria en un desafío regional para Centroamérica. Honduras fue particularmente afectada con la cancelación de protecciones para más de 55,000 hondureños en Estados Unidos.
El impacto económico es alarmante. Las remesas representan entre el 24% y 26% del Producto Interno Bruto de El Salvador, con transferencias cercanas a USD 10,000 millones anuales. Economistas calculan que la cancelación del TPS podría reducir el flujo de remesas entre USD 1,200 y USD 1,500 millones anuales. Para Honduras, las pérdidas estimadas alcanzan hasta 380 millones de dólares en remesas.
Muchas familias deberán destinar recursos a asesoría legal y trámites migratorios, reduciendo su capacidad para mantener transferencias a parientes en Centroamérica. El primer impacto podría traducirse en un aumento del 10% de la pobreza en El Salvador, además de una caída del consumo interno. La incertidumbre continúa mientras gobiernos de la región buscan soluciones diplomáticas ante Washington.
